Las Grandes presas han reportado y reportan a la sociedad desarrollo económico, productividad agraria y energía para las ciudades y las fábricas. En suma, progreso. Pero casi nunca se recuerda el precio que se ha pagado y se paga por ese concepto del progreso. A lo largo del siglo XX, las grandes obras hidráulicas han sido consideradas indiscriminadamente de interés general, sin contar con estudios económicos que avalaran siquiera la conveniencia de llevarlas a cabo. Invariablemente, los costes finales de ejecución de estos proyectos se desvían de los presupuestos, ya de por sí astronómicos, hasta duplicarlos en muchos casos. Todo ello ha llevado a que el balance puramente económico de muchas de estas presas sea, cuando menos, discutible, y a que hoy se consideren tecnologías obsoletas no rentables en el contexto económico actual. Con todo, lo más grave no está en la falta de racionalidad económica de esas inversiones públicas, sino en sus costes humanos, sociales y ambientales. Los problemas más graves surgen de la trasgresión de derechos humanos y de la falta de sensibilidad por los ríos y por el medio ambiente, con los que se han llevado habitualmente a cabo estos proyectos.
En la España franquista, las publicaciones oficiales acompañaban la declaración de interés general de los proyectos hidráulicos con la calificación de población sobrante para las personas que iban ser desalojadas de sus pueblos. Hoy son “población sobrante” millones de personas que han tenido que irse de sus valles para verse, en el mejor de los casos, realojadas en poblados que carecen de las mínimas condiciones para llevar una vida digna, y abocadas a la miseria y a la diáspora, y a una muerte lenta.
Aunque haya llegado el momento de empezar a hablar en pasado para referirnos a los daños que estas obras han causado en España, el resto de Europa, o EEUU, desgraciadamente hay que seguir conjugando los verbos en presente para denunciar lo que aún ocurre en muchos países empobrecidos o en desarrollo. Allí, se desaloja a poblaciones enteras con violencia y transgrediendo los derechos humanos más elementales; se reprime, amenaza, encarcela e incluso asesina a quien se opone a estos proyectos; se condena al hambre a millones de personas, acabando con sus fuentes de subsistencia, especialmente la pesca; se anegan millones de hectáreas de tierras fértiles en algunas zonas para llevar el agua a otras y desarrollar una agricultura de exportación, generalmente en manos de grandes terratenientes o empresas; se expropian propiedades con métodos cicateros y tramposos para, finalmente, con demasiada frecuencia, ni siquiera compensarles; se atenta contra la salud pública de los más débiles favoreciendo la extensión de plagas de mosquitos responsables de la transmisión del paludismo, de caracoles que propagan la esquistosomiasis y otras enfermedades típicas de áreas pantanosas; se represan y destruyen con megaproyectos los ríos más hermosos del planeta; y se atenta gravemente contra la dignidad de las personas y contra la Naturaleza.
En muchos casos, las presas se degradan en plazos cortos, en cuanto los sedimentos acumulados colmatan los embalses. La deforestación masiva acelera la erosión y acorta a unas pocas décadas su vida útil. En el caso de la presa Urrá I, Colombia, la empresa hidroeléctrica adjudicataria calcula en 50 años la vida útil de un proyecto al que sus opositores calculan la mitad. Para conseguir estos efímeros beneficios, se acabó con la pesca y se condenó al hambre a decenas de miles de personas de las comunidades embera-katío, y se asesinó a sus líderes. En el caso de Chixoy, que entre 1982 y 1983 supuso el asesinato de 444 personas por oponerse a dejar sus tierras, la presa está hoy, 25 años después, a punto de quedar inutilizada.
En el año 2000 se presentó en Londres el informe Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones, elaborado por la World Commision of Dams, y abrió nuevas expectativas. La iniciativa había surgido años antes del Banco Mundial (BM), preocupado por el impacto que empezaban a tener sobre su imagen las campañas internacionales contra las grandes presas que financiaba. Internacional Rivers Network (IRN) representó a los pueblos afectados y se constituyó una comisión independiente formada por 12 personas presididas por el profesor Kader Asmal, entonces ministro de medio ambiente del Gobierno sudafricano de Nelson Mandela. La Comisión contó con el apoyo de los gobiernos y de las industrias promotoras de grandes infraestructuras hidráulicas, y de las organizaciones que se oponían a su construcción. Fueron dos años de trabajos en los que participaron decenas de universidades y cientos de expertos, para hacer balance de las casi 45.000 grandes presas construidas a lo largo del siglo XX.
El informe final de estos trabajos obliga a promotores, a poderes públicos, y a la sociedad en su conjunto una reflexión muy seria. El informe afirma en sus conclusiones:
- Los costes de la construcción de presas desbordan, invariablemente, los presupuestos iniciales en un 56% como promedio, aunque en algunos lugares de Asia Central o del Sur el sobrecoste supera el 100%.
- Los beneficios obtenidos son menores de los previstos, tanto en hidroelectricidad como en abastecimiento urbano e industrial y control de inundaciones, pero sobre todo en materia de regadío.
- Las grandes presas han resultado de racionalidad económica dudosa, cuando no evidentemente negativa, aún sin contar los costes sociales y ambientales.
- Las grandes presas han dañado severamente la sostenibilidad de ríos y ecosistemas acuáticos y las medidas adoptadas para mitigar impactos negativos han fracasado estrepitosamente.
- Han obligado a dejar sus tierras a millones de personas y han conducido al empobrecimiento de muchas más.
- Suelen suponer una hipoteca inaceptable para las generaciones futuras.
- Su construcción y sus efectos suelen generar una distribución desigual de costes y beneficios entre regiones y sectores sociales, privilegiando a quines ya tenían y perjudicando a las comunidades indígenas o tradicionales de las regiones pobres, a menudo montañosas.
Resulta particularmente dramático y significativo que la Comisión Mundial de Presas, a pesar de contar con el apoyo y colaboración de gobiernos y empresas, reconociera su impotencia para ofrecer datos precisos sobre las personas desplazadas. La Comisión terminó por calcular entre 40 y 80 millones las personas forzadas a dejar sus hogares por inundación directa de sus pueblos, más otro tanto por impactos indirectos y destrucción de sus medios de vida en los entornos de las zonas inundadas. Este cálculo tan poco preciso refleja la trágica y vergonzosa invisibilidad de las personas afectadas. Nunca se pensó en ellas y en sus derechos como algo relevante.
El informe de la Comisión termina con una serie de recomendaciones:
- Es necesaria la participación de los afectados en la toma de decisiones.
- Es obligatorio evaluar con rigor las previsibles afecciones.
- El reparto de costes y beneficios debe ser equitativo.
- Es necesario garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y su biodiversidad.
- La ejecución y administración de las infraestructuras debe hacerse con eficacia y con transparencia.
- Es vital el respeto hacia las generaciones actuales y, particularmente, hacia las futuras.
Fuente
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